El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa (55), denunció ayer un “complot” del actual gobierno de Lenín Moreno, después de que la justicia ecuatoriana emitiera una orden de detención en su contra por su presunta vinculación en el secuestro de un opositor en Colombia en 2012.
“Hay toda una hoja de ruta, un complot”, afirmó Correa en Bruselas, y dijo confiar en que Interpol rechazará la circular roja emitida por la justicia ecuatoriana ya que, a su juicio, es un caso “político”.
Correa, que gobernó Ecuador entre 2007 y 2017, está acusado de asociación ilícita y de secuestro del ex diputado Fernando Balda, según la Fiscalía, pero el ex gobernante niega cualquier implicación y lamenta que lo vinculen “sin tener ninguna prueba”.
Para el ex mandatario socialista, que reside en Bélgica (su esposa es belga) junto a su familia desde que dejó el poder en 2017, el “gobierno” de su sucesor Lenín Moreno está “sin dudas” detrás del “complot”. “Él está detrás de todo esto, de la judicialización de la política”, agregó.
Según Correa, Moreno “se reunió con Balda, con el anterior fiscal para meter preso a Jorge Glas”, en referencia a su vicepresidente entre 2013 y 2017, condenado a seis años de prisión por recibir 13,5 millones de dólares de la empresa constructora brasileña Odebrecht.
Esa “hoja de ruta” contaría también con el llamado de Quito a los asambleístas (legisladores de la Asamblea Nacional, unicameral) a favor de levantar su “inmunidad presidencial” y el intento de presionar a personas clave, como Pablo Romero, ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia.
Sobre Romero, que reside en España, pesa también una solicitud de extradición en el marco de la investigación todavía en curso y que ya condujo a la detención de tres agentes de inteligencia y un ex comandante de la policía.
La jueza Daniela Camacho ordenó también el martes la “prisión preventiva” contra el ex mandatario, a pedido del fiscal, por incumplir la medida cautelar de presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en Quito.
Correa defendió su derecho, como residente en el extranjero, de presentarse ante el consulado de su país, como hizo el lunes y también el 24 de mayo, cuando rechazó su implicación en el presunto secuestro tras declarar ante la fiscalía.
En medio de su enconada lucha con su sucesor y ex aliado Lenín Moreno, el ex presidente había quedado en la mira de la justicia debido a una demanda de Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando se había refugiado en Bogotá en 2012.
La policía colombiana lo frustró. Poco después, Balda fue expulsado de Colombia a pedido de Quito para que respondiera por varios delitos y estuvo preso más de dos años por injurias, así como por atentar contra la seguridad del Estado.
Correa indicó que apeló la decisión de la justicia, aunque sin esperanza y con el fin de “poder ir a tribunales internacionales”. Y no descartó pedir asilo en Bélgica, un país que “jamás” daría trámite a su extradición, en su opinión. Para ser procesado en el caso Balda, Correa debería estar en Ecuador por tratarse de un delito por el que la ley nacional impide el juzgamiento en ausencia, si bien descartó viajar por la situación en el país, donde no hay “garantías”, y consideró ese escenario “casi un suicidio”. (AFP y EFE)
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